La reciente oleada de movilizaciones entre agricultores y ganaderos encuentra sus raíces en una serie de causas que abarcan desde imposiciones institucionales de normativas medioambientales hasta la percepción de desigualdades y la falta de diálogo, provocando una gran frustración.
Este artículo explora las raíces de esta indignación y señala errores que desafían la equidad en el sector.
Imposición de políticas verdes sin consulta sectorial
La Unión Europea inició la PAC (Política Agraria Común) con un enfoque productivo, buscando el autoabastecemento, promoviendo el comercio internacional de los productos sobrantes y el impulso de las comunidades rurales. Desde finales del siglo pasado se incorporan los cuidados medioambientales y la seguridad alimentaria.
A día de hoy, las actuales políticas verdes evidencian un claro posicionamiento medioambientalista carente de una participación y consulta adecuadas con el sector agrario. Exigen objetivos poco realistas sin recibir ni escuchar al sector.
La imposición del Pacto Verde desde una élite política sin un diálogo efectivo con el sector generó una gran preocupación entre los productores y productoras europeos.
La falta de estudios de impacto previos y la ausencia de consideración para las explotaciones no dimensionadas son temas críticos. Llama la atención que estudios desarrollados por Estados Unidos (a quién no le afectan estas noticias normativas), una vez publicitados por la Unión Europea (UE), ya auguraron que estos nuevos planes supondrían una gran pérdida tanto de producción como de rentas para Europa.
Desigualdad en las negociaciones comerciales
La PAC es la gran política común de la UE que más fácil alcanza consenso de los países que la integran: El sector agrario se convierte en moneda de cambio en negociaciones internacionales, se hacen cesiones en el mercado de los alimentos y se ganan mercados en sectores como lo de la automoción, el asegurador o el financiero, beneficiando a los grandes grupos económicos de la UE (bancos, aseguradoras etc.).
Las concesiones en el mercado alimentario a cambio de beneficios en otros sectores derivan en desafíos casi insuperables para la competitividad y la viabilidad de las explotaciones agrarias.
El sector agrario se vuelve una
moeda de cambio en negociaciones
internacionales.
Cuando se firman acuerdos comerciales que obvian las obligaciones de producir bajo las normativas que se imponen a la producción de la Unión Europea se está generando un claro desequilibrio, que se traduce en competencia desleal.
El mercado y los consumidores no remuneran, ni remunerarán, los esfuerzos por alcanzar una mayor sostenibilidad medioambiental. Existe una clara incoherencia entre los estrictos requisitos exigidos a toda la producción europea frente a las importaciones de terceros países, que provocan una desigualdad competitiva. El resultado es una cadena agroalimentaria sin valor y unos productores sin rentabilidad, sin relevo generacional y abocados al abandono, con consecuencias en medio ambiente y en el territorio ya visibles en la Galicia y en la España vaciada.
Degradación de la imagen del sector agrario
El sector agrario y gandeiro da UE tiene un problema muy serio y profundo con la mala imagen de la agricultura y la ganadería difundida por ciertas élites sociales y por grupos de opinión desconocedores absolutos de la realidad productiva.
La simplificación de los temas agrarios favorece una casi «militancia» ecologista y animalista basada en la desinformación, en los prejuicios y en la falta de rigor científico.
La obsesión moderna con la alimentación llevó a la sociedad a desconectar de la realidad del agro. Gran parte de los mensajes alrededor de las noticias alimentarias (aquí las redes sociales logran gran protagonismo), de las dietas, de los superalimentos etc. son fake news.
Existe incoherencia entre los estrictos
requisitos a la producción europea frente
a las importaciones de terceros países.
Las modas que, en ocasiones, son impulsadas por personas con influencia mediática o popular pueden provocar, en tiempo récord, una demanda abrumadora de un producto que la distribución procura satisfacer ejerciendo presión sobre los productores. Estos se ven sometidos a los requisitos intrínsecos de su cultivo, a lo que se suma la competencia desequilibrada proveniente del exterior.
La sensación es de que se está transmitiendo una imagen de culpabilidad desmedida hacia el sector. Es necesaria una reflexión más atenta sobre la desproporción de la carga que se le impone y a responsabilidad que tenemos todos como sociedad, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático:
¿Cuál es el impacto ambiental de compra por Internet o de disfrutar de viajes en avión a destinos lejanos? Actividades tan cotidianas como las vacaciones pueden duplicar as emisiones anuales de consumir carne o leche. Tal vez el turismo, a diferencia del sector agrario, es un intocable.
En cuanto a los alimentos, se da la paradoja de que los productos ultraprocesados reciben muchos apoyos, pero ¿conocemos sus impactos en la salud y en el ambiente?
Camino hacia la sustentabilidad
La falta de aliñación entre as medidas impostas e os principios promotores, a percepción dunhas esixencias ambientais sen respaldo científico sólido ou a desigualdade nas importacións están xerando unha gran frustración no sector.
A pesar de las protestas, la mayoría del sector está comprometida con mejorar su sustentabilidad ambiental y adaptarse al cambio climático, pero es imprescindible que este camino se haga basándose en la coherencia entre políticas ambientales y desarrollo económico.
La normativa propuesta desde la UE exige importantes inversiones por parte de los profesionales agroganaderos en maquinaria e instalaciones: ¿Cómo asumen esta carga? y, por otra parte, ¿cómo van a reducir estas ingentes cantidades de hierro y cemento el impacto medioambiental? Falta coherencia.
Esta situación provoca desencanto e desilusión en la juventud. Si no podemos ofrecer un agro sostenible, el abandono, que ya es una realidad, será imparable, y las consecuencias repercutirán en el medio natural también.
A pesar de las protestas, el sector
se compromete con la sostenibilidad
ambiental.
Será necesaria una gran inversión para la conservación del medio. Si no se cuida, afrontaremos cambios en los paisajes, la frecuencia e impacto de los incendios se verá incrementada, se perderán valores culturales y tradiciones.
La intervención humana es necesaria en el ámbito rural para favorecer el equilibrio.
Cadenas de valor equitativas
Los agricultores señalan medidas obligatorias que no se alinean con sus principios y objetivos. Fuertes inversiones en aplicadores de purines por las exigencias aplicadas contrastan con la situación de las depuradoras en pueblos y ciudades.
La cadena de valor debe generar recursos para todos los actores, con políticas económicas coherentes que equilibren la actividad económica y ambiental.
Se requieren un marco legal que equilibre la cadena y políticas comerciales justas.
En este contexto, el desafío radica en lograr una mayor solidaridad de la sociedad y los consumidores con los agricultores, superando la brecha entre la élite social y la realidad del campo.
La sostenibilidad debe ser un camino trazado con evidencia científica, diálogo y apoyo económico. La esperanza está en encontrar un punto de encuentro que garantice un futuro sostenible para el sector agrario.
Esta llamada a la reflexión invita a repensar las políticas y acciones que afectan a quién sostiene la base de nuestra alimentación y entorno rural.
PROPUESTAS
1
Eliminación de la burocracia y simplificación real da PAC. La agricultura y la ganadería están en la vanguardia, pero el exceso de burocracia asfixia a los sectores. El Cuaderno Digital de Explotación debe ser voluntario, por lo menos para personas próximas a jubilarse.
2
Impulsar las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales firmados por la UE. Se deben modificar los acuerdos comerciales para poder competir con las mismas reglas de juego. Mayor control en las fronteras y freno a los acuerdos con terceros países que no produzcan en iguales condiciones que en la UE.
3
Reconocer la importancia de la ganadería. Hay un creciente olvido de la ganadería y de su importancia económica, social y ambiental. El sector ganadero debe ser respetado y protegido ante los ataques infundados. Cualquier normativa publicada o que se pretenda publicar, como la de bienestar animal, debe contar con estudios de impacto y bajo evidencia científica, y no puede poner en riesgo a viabilidad económica y la competitividad de las explotaciones.
4
Compromiso firme de ayudar en la lucha contra plagas y enfermedades de las plantas y animales. Urge establecer y apoyar estrategias y políticas de lucha y prevención contra las plagas (flavescencia dorada, gusano del maíz etc.) y enfermedades de los animales (lengua azul, EHE etc.).
5
Medidas de apoyo reales y factibles al relevo generacional. Es necesario el respaldo a la incorporación de las nuevas generaciones a la actividad agraria y ganadera con medidas políticas y económicas tratando de garantizar su permanencia, profesionalización y rentabilidad de sus explotaciones, así como fomentar su incorporación a las cooperativas agroalimentarias.
6
Adaptar los objetivos medioambientales del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector productor. Los agricultores y ganaderos somos conscientes de nuestro papel como defensores de la tierra, por lo que urgimos un diálogo para determinar objetivos razonables, plazos posibles, financiamiento público y coherencia con las políticas comerciales.
7
Medidas para lograr un mayor equilibrio en el mercado entre la producción y el resto de los eslabones mediante la estructuración productiva y comercial. Para lograr precios justos para nuestros productos, eliminar la especulación y favorecer una remuneración digna del trabajo de los productores es preciso apoyar a las cooperativas como herramienta económica clave de los agricultores y ganaderos.
8
Adaptación dos ecorréximes e da PAC, especialmente de la PAC a la realidad productiva de la agricultura y ganadería de Galicia.
9
Una política clara de protección d ela agricultura y ganadería contra la fauna salvaje. Deben existir planes de gestión y control de la fauna salvaje, mediante un control de censo de población de animales salvajes por parte de las administraciones, así como indemnizaciones de los daños ocasionados por la fauna y el lucro cesante.
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