La falta de mano de obra en el sector agrario y ganadero gallego coincide con un contexto en el que millares de personas migrantes y solicitantes de protección internacional buscan una oportunidad laboral estable. Las cooperativas agroalimentarias se sitúan en un punto clave para convertir este reto en una oportunidad de desarrollo económico, social y territorial, así lo reflejan los datos estatales y las primeras experiencias reales en Galicia.
El cooperativismo agroalimentario español representa hoy una pieza fundamental de la economía rural. Según el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español 2023 (OSCAE), existen en el Estado 3669 cooperativas agrarias, que facturaron 43 207 millones de euros en 2022, agrupan a más de un millón de personas socias y generan 122 600 empleos directos. Su implantación territorial y su vínculo con el medio rural las convierten en agentes estratégicos para garantizar la seguridad alimentaria y el equilibrio social de las zonas rurales.
Sin embargo, el sector se enfrenta a un problema creciente: la escasez de mano de obra. Los datos del INE sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (campaña 2023) muestran una reducción global del 4 % de la mano de obra agraria frente a 2020, con un descenso especialmente acusado de la mano de obra familiar. Por el contrario, la contratación regular aumentó un 5,6 %, lo que evidencia una mayor dependencia del empleo asalariado.
En Galicia, según datos manejados por Cooperativas Agro-alimentarias de España, el 23 % de la mano de obra contratada de manera regular no es titular ni familiar, un porcentaje que muestra una tendencia clara hacia nuevos perfiles laborales en el campo.
Solo las cooperativas integradas en AGACA suman más de 28 000 personas socias y dan empleo directo la cerca de 6000 trabajadoras y trabajadores, sin contar el empleo inducido. La facturación conjunta, incluidas las sociedades participadas por las cooperativas socias, se acerca a los 2330 millones de euros.
En este contexto, la inclusión laboral de personas migrantes y de personas integradas en el Sistema de Acogida de Protección Internacional emerge como una vía realista y necesaria. El marco jurídico estatal permite distintas fórmulas de contratación —contratación en origen, contratos fijos discontinuos, campañas agrarias, arraigo por formación o inserción tras seis meses en el sistema de acogida*— siempre bajo el amparo del Estatuto de los Trabajadores y de la normativa de extranjería.
Las personas migrantes y refugiadas cuentan, además, con derechos reconocidos al acceso al empleo, a la formación, a la Seguridad Social y a los servicios públicos, siendo el trabajo un elemento clave para su autonomía e integración social.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto con las entidades sociales concertadas, se está impulsando su inserción laboral como paso final del proceso de acogida.
Experiencias reales en el cooperativismo gallego
En Galicia ya existen experiencias contrastadas de inclusión laboral de personas migrantes en el sector agroalimentario, especialmente vinculadas al ámbito cooperativo y ganadero, que muestran que esta vía no solo es viable, sino también estratégica para asegurar el relevo de mano de obra en el rural.
Un ejemplo es el de la cooperativa CLUN, que en 2024 renovó su colaboración con la ONG Ecos do Sur en el marco del proyecto Habita Rural. La iniciativa permitió formar personas migrantes procedentes de países como Brasil, Colombia, Marruecos, Ucrania o Venezuela en tareas de ganadería de vacuno de leche, combinando formación teórica y prácticas en explotaciones socias de la cooperativa en ayuntamientos como Xermade, Ourol o Muras (Lugo). Según explicó la propia cooperativa, el objetivo es facilitar una inserción laboral real y estable, y varios de los participantes acabaron siendo contratados por las ganaderías colaboradoras.
En la explotación Prolesa SAT, situada en Sarria (Lugo), conviven personas trabajadoras de distintas nacionalidades de África y América del Sur. Más de la mitad del plantel es extranjero. El responsable de la granja destacaba en un reportaje que “no se trata de tener migrantes, sino personas empleadas como cualquier otra”, destacando que la diversidad cultural no supone un obstáculo, sino que contribuye a crear equipos más comprometidos y estables en un sector con creciente falta de mano de obra.
La cooperativa Aira participa en el programa de la ONG Rescate. Para facilitar la inserción de varias personas trabajadoras participaron activamente en la busca de alojamiento. En declaraciones a un medio especificaron que la vivienda en la que conviven “figura en la nómina como una remuneración en especie”.
El director general de la bodega cooperativa Martín Códax reconocía que haber participado en el Plan Retorna Califica Empleo, una iniciativa de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración destinada a facilitar la vuelta y la integración laboral de personas gallegas emigradas y de sus descendientes, abrió nuevos procesos de selección y confirmó el potencial de perfiles altamente cualificados dispuestos a integrarse a largo plazo.
La administración gallega también ha reconocido públicamente el papel de las cooperativas como instrumentos clave de cohesión social y creación de empleo en el rural, destacando su capacidad para integrar personas en riesgo de exclusión y para generar oportunidades económicas sostenibles en el territorio.
Retos pendientes y papel de las cooperativas
A pesar de las oportunidades, persisten desafíos importantes:
- el acceso a vivienda en el rural,
- la necesidad de proyectos laborales estables a largo plazo,
- las dificultades administrativas o la incerteza sobre la resolución de los expedientes de protección internacional.
Para las cooperativas, esto implica la necesidad de planificar sus demandas de mano de obra, establecer alianzas con entidades facilitadoras (ONGS, administraciones, empresas sociales de inserción) e incorporar fases de formación, adaptación lingüística y cultural.
Es necesario planificar las demandas de mano de obra, establecer alianzas con entidades facilitadoras e incorporar formación, adaptación lingüística y cultural.
El cooperativismo, por su propia naturaleza colectiva y arraigada al territorio, cuenta con herramientas y valores idóneos para afrontar este proceso. La inclusión laboral de personas migrantes y refugiadas no es solo una respuesta a la escasez de mano de obra, sino también una oportunidad para revitalizar el rural gallego, garantizar el relevo generacional y reforzar el papel social de las cooperativas cómo motores de desarrollo sostenible.
* Una vez transcurridos aproximadamente seis meses desde la solicitud de protección, estas personas pueden acceder al permiso de residencia y trabajo, lo que permite a las cooperativas y empresas del sector considerar su contratación dentro de los marcos legales vigentes.
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