Las asociaciones Slow Food Compostela, la Asociación Gallega de Operadoras Artesanales de Alimentación y Piensos (AGOAAP), la Asociación de Productoras y Productores de Ecológico de Galicia (PROECOGAL) y AGACA solicitaron esta mañana en Santiago de Compostela una aplicación gradual de la factura electrónica y del Reglamento Europeo de Envases, entre otras medidas. Advirtieron que la entrada en vigor de estas y otras normativas aprobadas en los últimos meses y semanas puede suponer “un golpe definitivo” para el pequeño tejido productor, artesanal y cooperativo gallego.
El director gerente de AGACA, Higinio Mougán, afirmó que no se trata de rechazar los avances hacia la digitalización ni hacia la mejora ambiental, pero “exigimos que se haga con sentido común y con el apoyo necesario”. Insistió en que no se puede pedir lo mismo a una pequeña explotación o a una cooperativa rural y subrayó la “empanada normativa constante” que sufren los operadores del sector primario.
La obligación de emitir y conservar facturas electrónicas mediante software homologado, unida a las sanciones previstas por la normativa y a las nuevas exigencias en materia de envases, “profundiza en un modelo burocrático inasumible para las pequeñas empresas y productores que carecen de personal técnico, recursos o incluso de conexión a internet estable”.
Mougán advirtió además de que el marco legal cambia constantemente y de manera confusa. “Tenemos normativas que entran en vigor y luego se aplazan, otras que se modifican antes de aplicarse… el sector vive en un limbo de incertidumbre permanente”, explicó. Puso como ejemplo la normativa sobre deforestación, la nueva PAC o las dudas sobre la entrada en vigor del cuaderno digital para las explotaciones agrarias, que parecía segura para enero de 2026 y que actualmente sigue sin una respuesta clara por parte de las administraciones públicas.
Peligro de cierres por la burocracia
Por su parte, Leonor Lorenzo, presidenta de Slow Food Compostela, subrayó que muchas pequeñas productoras y productores “ya están al límite por la carga administrativa y por las obligaciones ambientales y fiscales acumuladas”. Recordó que las formaciones organizadas por las entidades sobre factura electrónica y residuos de envases mostraron “un malestar entre las personas asociadas que se sienten desbordadas por obligaciones que ni siquiera los formadores saben explicar con claridad”. Señaló que hay productores y productoras que se ven abocados a cerrar o reducir su actividad porque “no les llegan las horas del día entre producir, transformar, vender y cumplir con la burocracia”.
En el mismo sentido se pronunció José Carlos Brea, presidente de AGROAAP, quien insistió en la frustración que se está generando y, con ella, en el abandono del medio rural. Recordó que la mayoría de productores y productoras artesanas trabajan en aldeas y mantienen vivo el territorio, “limpiando fincas y generando economía local”. Denunció que, aun así, la legislación no está diseñada para las pequeñas empresas y que ignora por completo la realidad del rural gallego.
“No tenemos capacidad para contratar personal administrativo ni para asumir los costes que supone toda esta nueva burocracia. Las autoridades deberían escuchar más a los pequeños productores y hacer normas diferenciadas según el tamaño y las posibilidades de cada uno”, reclamó. Además, señaló las dificultades tecnológicas para cumplir con las medidas exigidas, ya que en muchas zonas no existe conexión suficiente. “No tiene sentido obligar a hacer algo que técnicamente es imposible. Antes de exigir, deberían garantizar servicios básicos como la conectividad digital”, aseguró.
Reclamaciones y propuestas
Las cuatro organizaciones anunciaron que ya han trasladado estas preocupaciones a la Xunta de Galicia, la Delegación del Gobierno y los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, solicitando un diálogo institucional y medidas de adaptación realistas.
Entre las propuestas destacaron la aplicación gradual y adaptada de las normativas; que se tenga en cuenta y se escuche al sector antes de aprobar nuevas normas; la exención o reducción de tasas para operadores de baja facturación y producción local; ayudas económicas y apoyo técnico para facilitar la adaptación; y mayor claridad normativa.
También hicieron un llamamiento a otras entidades que puedan estar afrontando esta misma problemática para que se sumen y defiendan a los pequeños productores y productoras, que representan un modelo esencial para el futuro del medio rural gallego.
