• AGACA, AGOAAP, PROECOGAL y Slow Food Compostela alertan del impacto de la factura electrónica obligatoria y del Reglamento Europeo de Envases sobre el tejido artesanal y agroalimentario.
• Las entidades proponen una amplia moratoria, ayudas a la digitalización y medidas específicas para no ahogar económicamente al medio rural.
• Las organizaciones ya han trasladado estas preocupaciones a la Presidencia de la Xunta de Galicia, a la Delegación del Gobierno y a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.
Las asociaciones Slow Food Compostela, la Asociación Galega de Operadoras Artesanais de Alimentación e Pensos (AGOAAP), la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) y la Asociación de Produtoras e Produtores de Ecolóxico de Galiza (PROECOGAL) muestran su preocupación ante la entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria y del nuevo Reglamento Europeo sobre envases y residuos de envases, al considerar que suponen un riesgo real para la continuidad del pequeño tejido productor y transformador.
Estas entidades, que representan a operadores agroalimentarios artesanos y cooperativas, advierten de que las nuevas obligaciones normativas afectan de forma directa y negativa a un modelo sostenible, artesanal y de proximidad.
Las cuatro organizaciones ya han trasladado estas preocupaciones a la Presidencia de la Xunta de Galicia, a la Delegación del Gobierno y a los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, con el objetivo de abrir un diálogo institucional y solicitar medidas de adaptación realistas que tengan en cuenta las limitaciones del medio rural gallego.
Factura electrónica: dificultad de adaptación en el medio rural
La implantación de la factura electrónica, recogida en la Ley Crea y Crece, obligará a emitir y recibir facturas digitales, conservar registros durante años y emplear únicamente software homologado. La norma contempla sanciones que pueden superar los 50.000 euros por el uso de sistemas no certificados o por incumplimientos en materia de privacidad y seguridad.
El impacto será especialmente grave en las pequeñas empresas y explotaciones situadas en entornos rurales, que suelen carecer de recursos, personal técnico o conexión estable a internet. A todo ello se suma la entrada en vigor del sistema VeriFactu, que prohibirá expresamente el uso de programas como Word o Excel a partir de 2026.
Reglamento de envases: una carga inasumible para las pequeñas producciones
En el ámbito de la sostenibilidad, las entidades también denuncian las exigencias del nuevo Reglamento Europeo sobre envases (PPWR), que impone trazabilidad individualizada, diseños multilingües y sistemas de retorno, lo que supone un elevado coste económico para quienes producen en pequeños lotes. Además, señalan la existencia de solapamientos con el marco normativo estatal, generando duplicidades, inseguridad jurídica y costes administrativos adicionales.
“No rechazamos avanzar hacia la digitalización ni hacia la mejora ambiental, pero exigimos que se haga con sentido común, teniendo en cuenta la realidad del pequeño productor. Las nuevas normativas están pensadas para la industria, pero aplicadas sin matices pueden llevar al cierre de proyectos locales que llevan años trabajando con criterios sostenibles y con un fuerte compromiso con el territorio”, asegura Leonor Lorenzo, presidenta de Slow Food Compostela.
Desde Slow Food Compostela, AGOAAP, AGACA y PROECOGAL recuerdan que muchas de estas pequeñas productoras y productores ya mantienen prácticas respetuosas con el medio ambiente, generando poco residuo y combatiendo el desperdicio alimentario. Por ello, consideran contradictorio que normativas pensadas para mejorar la sostenibilidad puedan acabar asfixiando económicamente a quienes llevan años trabajando con ese objetivo.
Propuestas para garantizar la viabilidad del sector
Las entidades solicitan:
• Una aplicación gradual y adaptada de las nuevas normativas, con periodos de transición realistas.
• Exenciones o reducciones de tasas para operadores con baja facturación y producción local.
• Formación, apoyo técnico y ayudas económicas para facilitar la adaptación, sin que suponga más burocracia.
• Claridad normativa y armonización entre las exigencias europeas y estatales. Inversiones en infraestructuras digitales que garanticen una conexión fiable en el medio rural.
• Una diferenciación clara entre industria y pequeños elaboradores en los distintos marcos legales.
Las asociaciones firmantes recuerdan que los pequeños productores y productoras representan un modelo esencial para el futuro del medio rural gallego, que garantiza alimentos de calidad, relación directa con el entorno y equilibrio territorial. Por ello, urgen soluciones proporcionadas que no penalicen a quienes llevan décadas trabajando desde la sostenibilidad y la proximidad.
